Coordinación estratégica del sistema político
Al sistema político se lo puede pensar como un campo en el que se disputa “el capital político”, que no es ni más ni menos que la representación política, y ésta la llave de la institucionalidad para administrar lo público. Pero ¿la representación de quién?, o conviene decir, ¿la representación de quiénes? También es importante decir que en esa “disputa”, no solo rige la confrontación, sino también la cooperación entre los propios agentes de este campo. Esta dinámica de confrontación y cooperación por conquistar los capitales políticos (con la aspiración de alcanzar la institucionalidad), implica el despliegue de ciertas estrategias de parte de agentes políticos. Estas se orientan por la resultante de la combinatoria del intento de representar a esos ” quiénes “. Es por eso que se puede decir que el campo político, es un campo heterónomo, en donde no solo juegan las lógicas particulares de cada agente político, sino la lógica de los intereses y expectativas de los representados.
Los representados, tampoco son un conjunto homogéneo ni en sus características, ni en sus intereses particulares (o asociados). Opera aquí también la cooperación/confrontación, y el grado de incidencia en la dinámica del campo político depende de cada configuración histórica. Se los puede pensar en un amplio espectro de actores sociales, en una escala de menor a mayor capacidad de coordinación. A modo de simplificación y con el mero fin ilustrativo (sin entrar en la complejidad de las teorías de acción social) se pueden ubicar en el extremo de los menos coordinados (u orgánicos), a los “ciudadanos de a pie”. Estos pueden ser interpretados y clasificados en diferentes conjuntos, con características comunes y diferentes que los agrupan (según los intereses analíticos de esa clasificación). Un ejemplo de ello, puede ser el tipo de inserción en la estratificación social y sus expectativas derivadas. En el otro extremo se encuentran los actores corporativos con capacidad de articulación orgánica para organizar y presionar en el cumplimiento de sus demandas y necesidades - sea por la vía de apoyo simbólico y/o material, o la confrontación directa o mediada. A estos tampoco se los debe suponer como grupos homogéneos. En esta categoría se encuentran las organizaciones sociales; los sindicatos (y sus estructuras aglutinantes); los grupos e instituciones religiosas; el sector privado (que puede tener su primera clasificación general en la inserción de la trama económica); la corporación judicial (preponderantemente de corte liberal-conservadora, principal garante de la propiedad privada); los agentes extranjeros con intereses estratégicos económicos, regionales e ideológicos y las empresas de medios de comunicación, que en ocasiones son orgánicas a alguna o varias de las corporaciones recién listadas (cuando no, parte de las mismas) cumpliendo las más de las veces, con la función de vehiculizar dichas demandas a través de la “opinión publicada”.
Entonces, la heteronomía del campo político viene dada por la relación de los agentes políticos con cada uno de esos conjuntos (heterogéneos) de actores sociales, donde sus demandas, necesidades y expectativas intervienen en la decisión estratégica por la disputa de la representación política.
Como si al cuadro recién descripto no le faltase complejidad, en la disputa por la representación ocurre una situación que podría pensarse como paradójica. Los actores sociales con mayor capacidad de coordinación tienen mayores probabilidades de presionar en dirección de sus intereses corporativos, pero a su vez, su propia capacidad de representación sobre el conjunto total de la sociedad es parcial (corporativa). En cambio, dada las características institucionales que regulan al Estado democrático (en el cual nos encontramos circunscriptos institucionalmente), es la sumatoria de voluntades, juicios o preferencias políticas de la ciudadanía (en nuestro esquema, el conjunto más amplio, pero menos coordinado) la que termina por dar legalidad y legitimidad de la representación política formal – institucional.
Es por todo lo dicho que la construcción de la oferta electoral por parte del sistema político es la síntesis de la “coordinación estratégica de los agentes políticos”, que según el juicio/criterio de cada facción, elabora una propuesta electoral aspirando alcanzar el punto óptimo de representación política. Estas premisas no intentan dejar de lado variables como la ideología, tradición política, parámetros éticos/morales o demás componentes que hacen a las nociones políticas, sino que ellas se encuentran (de manera funcional) operando en el “juicio/criterio” que orienta a cada facción.
A modo de síntesis podemos decir que la fundación de partidos políticos, sus fusiones o las alianzas electorales, encuentran su fundamento en esta visión estratégica por la disputa del capital político.
Coordinación Estratégica del Electorado
Hablar del electorado implica reflexionar acerca de su composición tanto material, como simbólica. De esas dos dimensiones se derivan muchas de las claves interpretativas de la comprensión de su comportamiento. Tampoco hay que dejar de lado la dimensión institucional que regula el fenómeno de las elecciones, de hecho, en la configuración actual de las reglas de juego electoral vigente, podemos encontrar componentes altamente influyentes respecto del comportamiento electoral. Sobre este último punto hablaremos más adelante, pero antes conviene repasar algunas de las nociones más relevantes que barajan los estudios electorales, respecto a las motivaciones del voto.
Motivaciones del voto
En líneas generales los modelos explicativos se pueden agrupar en tres grandes modelos: a) modelo sociológico, b) el psico-social o partidista y c) el económico o elección racional. Los dos primeros desarrollan factores de largo plazo para la explicación del voto, y sus principales variables radican, por un lado, en la clase social (enfoque sociológico) y por el otro, en la identificación partidista (enfoque psico-social). Por el contrario, el enfoque económico o elección racional centra su foco en factores de corto plazo, como el rendimiento del gobierno (sobre todo a través de sus políticas económicas).
El modelo sociológico destaca las características sociales de los individuos como principales variables explicativas de su comportamiento electoral: su afiliación religiosa, clase social, zona de residencia, etc. Las configuraciones de estas características se traducen en predisposiciones a votar a determinadas fuerzas políticas. Este enfoque se adjudica la interpretación de la estabilidad en las decisiones de voto y advierte sobre la débil incidencia de las campañas electorales al momento de optar por una fuerza o candidato. Desde esta perspectiva, ello ocurre debido a que los individuos ubicados en determinadas coordenadas de la estructura social reciben cierto tipo de estímulos y exposiciones a determinada información política, condicionando de este modo el proceso de construcción de preferencias políticas. Así una persona pensará políticamente de acuerdo a su matriz social y el desempeño de su trayectoria social.
El modelo psico-social o partidista corre el peso de los condicionantes sociales del modelo sociológico y lo desplaza hacia las actitudes y disposiciones que los individuos desarrollan en referencia al sistema político, de las cuales se sirven al momento de votar. Para esta corriente son importantes tres tipos de actitudes que se traducen como explicativas de la decisión individual del voto: I. la identificación partidaria, II. la actitud frente a los temas de agenda pública que inciden en la carrera electoral y III. la simpatía o afinidad con él o la candidata.
Fundamentalmente, este modelo presupone que el voto está fundado en la percepción y el “mapa cognitivo” que poseen las y los electores respecto del sistema político. En la medida que las y los ciudadanos no manejan la suficiente información ni pueden abarcar la complejidad de la misma, se valen de atajos cognitivos. Estos atajos poseen sustento en la “identificación partidaria”, definida como la adhesión afectiva a algunas de las agrupaciones políticas en competición. Así, este modelo toma en cuenta el contexto social, pues esta afectividad se generaría en edades tempranas mediante los procesos de socialización primaria, donde destacan las influencias familiares y del contexto social inmediato de las personas. Como puede notarse, no se desentiende de las condiciones sociales que contextualizan a los individuos, aunque las concibe más como marcos y no como factores determinantes o altamente condicionantes del voto. Es decir que, para este modelo resulta conveniente interpretar las motivaciones del voto ponderando las configuraciones subjetivas de los individuos antes que las objetivas (devenidas de la estructura social).
En cambio, el modelo económico o de elección racional destaca que las y los electores poseen un comportamiento racional motivado y orientado a maximizar sus objetivos individuales. De acuerdo con la elección racional, el acto de votar sería una especie de cálculo sobre los costos y beneficios, en el que cada ciudadano/a votaría al partido que piensa que le reportará mejores beneficios. Para este modelo la dirección del voto no se encontraría directamente determinado, ni por la ubicación en la estructura social, ni por la identificación partidaria del o la electora. En esta concepción cada elector/a, en cada ocasión electoral, evalúa los beneficios y costos sobre la propia utilidad de las políticas pasadas de los candidatos o las promesas a futuro realizadas por los mismos.
En este último modelo, cobra fuerza el análisis de las variables económicas sobre la popularidad del gobierno y su respaldo electoral. En este marco, el sufragio es entendido como un mecanismo de control vertical, por el cual el electorado evalúa los gobiernos según su performance en el campo económico y decide castigarlo o recompensarlo con su voto.
A nuestro juicio estos tres modelos deben ser considerados y entendidos como complementarios o subsidiarios a la hora de intentar una cabal aproximación sobre el comportamiento electoral, puesto que sería un error considerar al electorado como un universo homogéneo reactivo a los mismos estímulos. Por el contrario, cada una de las explicaciones aportadas ayudan a adecuar la mirada sobre el fenómeno, que como ya dijimos es complejo y como tal, en el conviven de manera activa (o en estado de latencia) todas las dimensiones mencionadas. Son precisamente estos componentes los que ofrecen herramientas analíticas para entender y hasta prever cómo es que los distintos grupos de electores desarrollarán estrategias coordinadas. Aunque como mencionamos, a diferencia del caso de la coordinación del sistema político, estas ocurren de manera agregada, es decir como sumatorias de decisiones electorales orientada por la percepción de cada uno de los componentes que explican las motivaciones del voto.
Una Aproximación a las Métricas Electorales
Se torna difícil, cuando no imposible, tratar de comprender un proceso electoral sin datos precisos y actualizados sobre los resultados, sin una visión clara de los patrones y tendencias que surgen de los votos emitidos, o sin la capacidad de analizar y comparar los datos de forma metódica. La ausencia o insuficiencia de dichos elementos dificultan, o impiden, la toma de decisiones informadas y la comprensión completa de la dinámica electoral.
Con la intención de contribuir en la aportación de elementos para tales fines, se exponen las dimensiones e indicadores más destacadas para el análisis electoral, incluyendo la orientación del voto, la fragmentación, la volatilidad, la competitividad y la proporcionalidad. Es importante destacar que el análisis electoral no se limita a estos aspectos, sino que también implica una comprensión profunda de la sociedad y la cultura política en la que se desarrolle cada proceso electoral.
Índices Electorales
La concentración o fragmentación del voto nos informa sobre en qué medida las preferencias de los votantes se orientan hacia unos pocos o muchos partidos. En términos de sistemas de partidos, la fragmentación es un indicador relevante, ya que nos muestra la cantidad de interacciones que tiene el sistema. Se entiende que a mayor pluralidad de interacciones, el sistema es más complejo y difícil de entender (Sartori, 1976). Para medir la concentración del voto, se suma el porcentaje de las dos opciones más votadas. Aunque es relativamente sencillo e intuitivo, este indicador solo sugiere cuán concentrado está el sistema de partidos en casos de alta concentración. No ofrece información sobre la diferencia entre esas dos fuerzas ni sobre la distribución de preferencias restante, lo cual puede ser especialmente relevante en casos de baja concentración. Para abordar esto, se emplea el índice de competitividad, que considera la distancia entre el candidato o fuerza más votada y su segundo inmediato.
Por otro lado, el índice de fragmentación propuesto por Rae (1971) representa la probabilidad de que, eligiendo dos votantes al azar, prefieran dos partidos diferentes. Al ser un cálculo de probabilidad que oscila entre 0 y 1 (donde 0 es para la mayor concentración, es decir, cuando es imposible que los electores opten por partidos diferentes - un escenario solo posible en un sistema de partido único - y 1 para una situación teórica donde cada elector opta por un partido diferente).
Una de las principales limitaciones de este indicador es que no resulta muy intuitivo. En consecuencia, se utilizan otros indicadores comunes para medir la fragmentación, como el Número efectivo de partidos (NEP) elaborado por Laakso y Taagepera (1979) y sus variantes, como el Número de Partidos (NP) propuesto por Molinar (1991). Estos índices proporcionan el número estimado de candidatos o fuerzas políticas competitivas en una elección determinada, según la distribución proporcional de los votos.
1999 y la reconfiguración de la coordinación electoral en la Oferta Electoral
Con el final de la gestión de Carlos Menem, cargada de transformaciones, tanto en el plano institucional (reformas del Estado, reforma de la ley electoral), como en el económico y social, las elecciones presidenciales de 1999 inauguraron la transición de la coordinación de la oferta electoral, hegemonizadas por los grandes partidos de masas hacia un formato de coaliciones de partidos (en algunos casos con componentes muy heterogéneos entre sí).
La experiencia fallida del gobierno de la Alianza, presidido por Fernando de la Rúa, consolidó y profundizó la fragmentación política y el avance de la estrategia frentista para la competición electoral.
El cuadro que sigue a continuación expresa a través de los índices anteriormente descritos, los procesos de transformación del sistema de partidos, con el reordenamiento de la oferta electoral y la interacción con coordinación electoral de parte de los votantes.
Así vemos que, para las elecciones de 2003, fueron dieciocho (18) las fuerzas que compitieron por la presidencia de la nación, en el que las dos más votadas acumularon tan solo el 46.7% de los votos, donde el primero se distancia del segundo solamente por 2.2 puntos (índice de competitividad), con el índice de fragmentación más alto de la serie (0.82), y los indicadores más altos de números de partidos “competitivos” (la lectura recomendada es mirar un punto intermedio entre los valores del NEP y NP, en este caso, 5 fuerzas competitivas).
Luego de la reconfiguración que consolidó las elecciones de 2003, se observa un proceso de “estabilización” del sistema de partidos, explicada por el incipiente proceso de hegemonía electoral que desarrolló el kirchnerismo hasta 2015. En 2007 se observa el incremento del índice de concentración (68.3%), una reducción del índice de fragmentación (0.71), un salto en el índice de competitividad a 22.23 y que pese al todavía alto número de fuerzas que se presentaron en la contienda, el número de partidos competitivos descendió hasta 3.
El punto más alto de esta tendencia hegemónica se observa en los valores de las elecciones de 2011. Luego del balotaje de 2015 se establece por primera vez, para este periodo, una dinámica electoral de polarización entre las coaliciones lideradas por Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Este escenario se mantiene de ese modo, hasta las elecciones presidenciales de 2023.
Luego de dos malas gestiones por parte de las coaliciones hegemónicas, la coordinación estratégica de la oferta electoral y del electorado, se rompe y vuelve a cambiar. Esta vez ya no caracterizada por la alta fragmentación electoral, la baja concentración del voto o el incremento sustancial del número de partidos competitivos. Si no que el propio sistema abrió una plaza más, al binomio que la precedía, habilitando la consolidación de La Libertad Avanza como tercer espacio competitivo (primero en los resultados). Ya para las PASO del 2023, el punto medio del NEP y NP se encuentra en 3 (pese a que compitieron 15 espacios políticos) y el índice de concentración, que si bien suma los valores de las dos fuerzas más votadas arroja 61.24%, si se agrega la tercera fuerza más votada (UxP), asciende al 90.1% de los votos.
La apatía que se desprendió de las dos malas gestiones de JxC y FdT (UxP) para buena parte del electorado, no supuso (en clave institucional, como ocurriera en 2003) una crisis terminal de representación del sistema de partidos. Si se analiza los resultados electorales de 2023, es posible pensar que lo que ocurrió fue un fenómeno de coordinación electoral, tanto en el plano de la oferta como en la demanda, encausándose para la instancia del Balotaje y lesionando sí, el predominio de la expresión representativa de lo que supo ser el kirchnerismo y los sectores de centro-izquierda.